La Coalición de Políticas de Armas (FPC) anunció una victoria en su demanda Campos v. Bonta, que desafió las políticas y prácticas del Fiscal General de California Rob Bonta y su Departamento de Justicia (DOJ) Bureau of Firearms que retrasaron las transacciones de armas más allá del período de espera legal de 10 días sin una base legal.
La demanda fue presentada en nombre de los demandantes por el FPC, el Firearms Policy Foundation (FPF) y el California Gun Rights Foundation (CGF). El caso fue presentado en el Tribunal Superior de California para el Condado de Sacramento el 8 de julio de 2020. El FPC y sus socios demandaron al Fiscal General de California, Rob Bonta, y al Departamento de Justicia de California (DOJ) por violar la Ley de Armas de California y la Constitución de los Estados Unidos al retrasar ilegalmente las transacciones de armas de fuego.
Los demandantes estaban preocupados por los retrasos ilegales en las transacciones de armas de fuego. La Ley de Armas de California establece que el Departamento de Justicia debe completar la verificación de antecedentes de una transacción de armas de fuego dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud. Sin embargo, el Departamento de Justicia de California había estado retrasando ilegalmente las transacciones de armas de fuego más allá de los 10 días hábiles sin una base legal.
El FPC y sus socios demandaron al Fiscal General de California, Rob Bonta, y al Departamento de Justicia de California (DOJ) por violar la Ley de Armas de California y la Constitución de los Estados Unidos al retrasar ilegalmente las transacciones de armas de fuego. El FPC y sus socios argumentaron que el retraso ilegal de las transacciones de armas de fuego violaba los derechos de los demandantes a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a la libertad de portar armas de fuego.
La FPC (Fundación para la Protección de la Segunda Enmienda) ganó recientemente dos demandas contra el Departamento de Justicia de California por retrasos en las ventas de armas. Estas demandas se presentaron en nombre de dos ciudadanos californianos que esperaban comprar armas de fuego para su defensa personal. La primera demanda se presentó en nombre de un ciudadano que deseaba comprar una vieja pistola Smith & Wesson 38 especial para su defensa personal. La segunda demanda se presentó en nombre de un ciudadano que deseaba comprar un arma para su defensa personal en el hotel Mandalay Bay, que era una zona libre de armas . Estas demandas se presentaron debido a los retrasos injustificados en la venta de armas de fuego por parte del Departamento de Justicia de California.
El Tribunal Superior de California falló a favor de los demandantes y ordenó al Departamento de Justicia de California que cumpla con la Ley de Armas de California y que complete la verificación de antecedentes de una transacción de armas de fuego dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud. El Tribunal Superior también ordenó al Departamento de Justicia de California que informe al FPC y a sus socios sobre el cumplimiento de la orden.
El FPC está satisfecho con el resultado de la demanda y espera que el Departamento de Justicia de California cumpla con la orden del Tribunal Superior. El FPC también espera que el Departamento de Justicia de California cambie sus políticas y prácticas para asegurar que los ciudadanos de California puedan ejercer sus derechos constitucionales sin retrasos ilegales.
La Coalición de Políticas de Armas (FPC) anunció una victoria en su demanda Campos v. Bonta, que desafió las políticas y prácticas del Fiscal General de California Rob Bonta y su Departamento de Justicia (DOJ) Bureau of Firearms que retrasaron las transacciones de armas más allá del período de espera legal de 10 días sin una base legal. El Tribunal Superior de California falló a favor de los demandantes y ordenó al Departamento de Justicia de California que cumpla con la Ley de Armas de California y que complete la verificación de antecedentes de una transacción de armas de fuego dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud. El FPC está satisfecho con el resultado de la demanda y espera que el Departamento de Justicia de California cumpla con la orden del Tribunal Superior.
Fuentes: Coalición de Políticas de Armas de Fuego , Campos v. Bonta Complaint , Campos v. Bonta Order .